En la Argentina de hoy no hay lugar para apresurados ni para retardatarios

Un mes y medio después de su regreso a la Argentina, el 30 de julio de 1973, Juan Domingo Perón pronunció un discurso en la sede de la CGT donde, de alguna manera, marcó el ritmo de lo que iban a ser las transformaciones en su tercer gobierno, que, como se sabe, quedó trunco a los nueve meses a causa de su muerte. Eran tiempos arrebatados, donde la “revolución social” quedaba a mitad de cuadra y en que “podrían arrancar todas las flores, pero jamás detendrían la primavera”. El viejo General se puso de pie y dijo: “En todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques: de un lado, el de los apresurados que creen que todo anda despacio, que no se hace nada porque no se rompen cosas ni se mata gente. Otro sector está formado por los retardatarios, esos que no quieren que se haga nada, y entonces hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Entre esos dos extremos perniciosos existe un enfoque de equilibrio y que conforma la acción de una política, que es el arte de hacer lo posible: no ir más allá ni quedarse más acá, pero hacer lo posible en beneficio de las masas, que son las que más merecen y por las que debemos trabajar todos los argentinos.”
La Argentina de hoy está lejos de estar en una situación revolucionaria o prerrevolucionaria. Es posible que ande por senderos más apagados, más equilibrados, con menos marquesinas, inclusive. Pero nadie en su buena fe puede negar que se trata de un proceso de cambios que “hace lo posible en beneficio de las masas” –hoy se dice sectores populares–. Los apresurados –enamorados de su vanguardismo– podrán decir que no alcanza; los retardatarios –sentados sobre sus privilegios– podrán bufar contra las medidas de cambio; e incluso puede haber algunos que en la búsqueda del equilibrio quieran profundizar por otros caminos, con otra intensidad, con mayor despliegue, con reformas estructurales. Se puede discutir cuál es la medida justa y armoniosa, pero nadie puede omitir la posibilidad de una nueva Argentina alumbrada por el Bicentenario.
Ante “lo nuevo” –que incluye, claro, las mejores tradiciones del pasado– se antepone “lo viejo”. ¿Pero qué es exactamente lo nuevo? Sencillo: lo nuevo es pensar la política como un instrumento para mejorar la vida de la gente y no como una herramienta exclusiva para favorecer a los grupos concentrados del país y a las filiales de empresas trasnacionales.
La inclusión de dos millones y medio de personas al sistema jubilatorio estatal, por ejemplo, es lo nuevo. Aun cuando muchos de los beneficiarios de esa medida –trabajadores de clase media, por ejemplo– reproduzcan el discurso de lo viejo, y a pesar de palpar el dinero en la mano, creen que su deber está en cuidar los intereses de la libertad de las empresas periodísticas o en garantizar la renta extraordinaria de los productores de soja.
Otro ejemplo de lo nuevo es la batería de medidas de seguridad que el gobierno acordó a través del Banco Central con las asociaciones bancarias. Por primera vez, a pesar de las dolorosas palabras de Carolina Píparo y su marido, que anunciaron su ida del país, la salida política no pasó por el histérico, ineficiente e inmoral discurso de la mano dura sino por el perfeccionamiento de las medidas de seguridad a costa de los bancos. Son ellos los que deberán ofrecer desde octubre cajas de ahorro gratuitas, reducir, desde noviembre, los costos de las transferencias y aumentar el uso de cheques cancelatorios para disminuir los movimientos de efectivo y evitar así las denominadas salideras. Pierden los bancos, gana el argentino de a pie.
Un proyecto interesante –que obviamente no ocupa la plana mayor de los diarios hegemónicos, excepto para darles voz a los patrones de la UIA y la AEA– es el del diputado Héctor Recalde, quien viene batallando ante el ninguneo de sus pares de la oposición, que no se sientan a tratar el tema de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. El proyecto es sencillo: frente a una rentabilidad que a veces supera el 50% por parte de las empresas –en Europa raramente alcanza el 10%–, Recalde quiere que el 10% de esa ganancia sea repartido entre los trabajadores. Pero además plantea la necesidad de que los beneficios de una empresa sean auditados por los trabajadores y el Estado. Claro, no es el control obrero, como querrían los “apresurados”, pero es demasiado para los legisladores “retardatarios”, que se niegan a tratar un tema que figura en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando dice que el trabajador tiene asegurada la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. ¿Por qué, por ejemplo, Patricia Bullrich y Silvana Giudici –que tanto alardearon con la libertad de prensa como derecho constitucional– no se escandalizan porque no se cumple la institucionalidad en este caso? ¿Y Claudio Lozano y Fernando Pino Solanas? ¿Por qué se oponen? Una vez más, el Estado busca una mejoría para el argentino de a pie. Y se encuentra con retardatarios de todos los colores.
Otro caso de esta reconexión entre el gobierno y los intereses de los menos favorecidos es la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y unos 280 editores de diarios pequeños y medianos del interior del país para discutir la regulación del mercado de papel de diario. Tras una primera desconfianza, los empresarios de medios comprendieron y dieron su apoyo a la nueva ley que, como no puede ser de otra manera, la oposición hace dormir el sueño de los justos porque perjudica a Clarín y La Nación. Una vez más.
Lo interesante de este momento político es que pareciera que, mientras la oposición busca su lugar en el mundo, el gobierno nacional ha reconectado con las necesidades de la gente desde el sentido común, y ha logrado que el Estado intervenga en lo cotidiano imponiendo temas con beneficios concretos para los ciudadanos y obligando a la oposición a escaparse del recinto de la Cámara de Diputados, para citar un ejemplo.
Un párrafo aparte merece la grotesca elección de la CTA. No sólo porque votó menos del 15% –según datos parciales– del total de empadronados, sino porque las acusaciones cruzadas de fraude remiten al supuesto sindicalismo del que dicen diferenciarse. Mientras unos –el sector de Pablo Micheli– intentan encerrarse en una visión noventista de la sociedad, con un modelo de acción basado en la lucha y la confrontación contra el gobierno, como si se tratara de Carlos Menem o Fernando de la Rúa, e intentan convertirse en la pata social del Proyecto Sur, otros –el sector de Hugo Yaski– buscan ponerse a tono con los nuevos fenómenos políticos y sociales de esta nueva etapa política, iniciando un diálogo con sectores más amplios como la CGT y el sabbatellismo, por ejemplo.
Una sola cosa más: mientras en la CTA pelean por el recuento de votos y la personería gremial, la CGT discute cara a cara con el poder económico el reparto de las ganancias empresarias. Más allá de la chicana, debería llamar a la reflexión a los dirigentes gremiales de la central alternativa.
No fue vana la cita de Perón en esta nota. Su análisis significa una forma precisa de pensar y actuar la política. Sin dogmas revolucionarios ni reaccionarios y sin idealismos absurdos ni pragmatismos repulsivos. Es interesante la frase del líder del movimiento justicialista. Sugiere preguntas. Por ejemplo: ¿los apresurados y los retardatarios suelen mancomunarse contra los que intentan “hacer lo posible en beneficio de las masas”? Para el argentino de a pie –laburantes, estudiantes, jubilados, amas de casa–, ¿qué es preferible: los beneficios concretos, aun cuando sean medidos, insuficientes, que propone el gobierno, o las grandilocuencias imposibles en las que se refugia la oposición, ya sea desde la derecha retardataria o la supuesta izquierda apresurada?
Tiempo Argentino - 26 de septiembre de 2010