Las jubilaciones y la confianza política

Hernán Brienza
Aquellos que sospechaban que Néstor Kirchner y Héctor Magnetto habían firmado un armisticio deberán reconocer al menos que, si se trata de una tregua, está muy bien disimulada. Porque a decir verdad es lo más parecido a la guerra que se ha visto en muchos años en la política argentina. Evidentemente, lo que dejó trascender Magnetto de su charla con su generalato la semana pasada fue leída por el ex presidente como una oportunidad única para asestar un nuevo golpe al conglomerado de medios de Clarín. Ya sea porque el CEO del grupo esté replegado o porque haya enviado un mensaje imperceptible para los demás actores –tampoco hay que descartar una aceleración inducida del recambio generacional de los cuadros del multimedios–, lo cierto es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner asestó una sorpresiva estocada al bolsillo –el órgano más sensible como decía Juan Domingo Perón– de su adversario: dejó en evidencia la irregularidad de la desaparecida empresa Fibertel, propiedad de Cablevisión, y le quitó la prestación del servicio. Y ese mismo día, el viernes, las acciones del grupo cayeron un 5,75%. Y todavía falta que el martes la presidenta presente el informe sobre Papel Prensa en el que anuncie que “toda la operatoria de la empresa está destinada a satisfacer a los socios privados”, o sea los diarios La Nación y Clarín.
(Digresión 1: El otro día un amigo al que le decimos Mendieta me dijo que estaba leyendo el libro de Juan José Sebreli, Crítica de las ideas políticas argentinas, cuando se sorprendió con una cita muy jugosa. En 1938, el futuro fundador del diario Clarín, Roberto Noble, en pleno fervor nacionalista, escribió: “Mussolini es el modelo viviente del moderno hombre de Estado... El sueño anheloso de Nietzsche que predecía para el futuro la implantación de una estirpe directora de superhombres parece concertarse en este espléndido retoño de los grandes de la antigua Roma... Los argentinos nos regocijamos con alegría de hermanos por la gloria de Italia y Mussolini.”)
Menos dramático y más entretenido –políticamente hablando, claro– estuvo la danza en la Cámara de Diputados por el tratamiento de la ley por el aumento de los haberes a los jubilados. En una sorianesca –por el escritor Osvaldo Soriano– sesión, la oposición logró imponer el aumento del 82% móvil para los jubilados en una victoria diferente a la del Indec de la semana pasada. Porque si bien es cierto que en el Senado la votación será mucho más cerrada que en la cámara baja –136 votos contra 89–, la avanzada tiene cierta originalidad por lo siguiente: es la primera vez que la oposición logra imponerle una agenda progresista al gobierno. Hasta ahora, el célebre y por momentos histérico Bloque A sólo había logrado ofrecer un menú de negaciones constantes a las iniciativas modernizadores y democratizadoras del oficialismo (nacionalización de las AFJP, Ley de Medios, Asignación Universal, matrimonio igualitario). Pero esta vez, alguien fue creativo y pensó la manera de correr al gobierno por izquierda y ponerlo en un lugar incómodo: el de la racionalidad económica y fiscal que cierra la posibilidad de la redistribución de la riqueza. Es decir, el populismo kirchnerista –en la conceptualización de Ernesto Laclau– acusa de populista –en términos de Marcos Aguinis– a la oposición por poner en riesgo las cuentas fiscales.
Lo bueno de esta situación para la sociedad es que de acá a las elecciones del año que viene, gobierno y oposición se van a correr por izquierda. Incluso aquellos que votaron en contra de todas las iniciativas progresistas del gobierno, van a tener que cambiar su agenda. De hecho ya ocurrió: once legisladores radicales –Oscar Aguad, Gustavo Cusinato, Silvana Giudici, entre ellos–, diez de la Coalición Cívica –Griselda Baldada, Patricia Bullrich, Elisa Carca, Adrián Pérez, entre otros– cuatro del Peronismo Federal –Francisco De Narváez y Felipe Solá– tres del GEN y dos diputados que respondían a De Narváez votaron en contra de la nacionalización de las AFJP en el 2008 –es decir, querían que siguieran en manos de empresas privadas que pagaban muy por debajo del 82% – y, ahora, luego de una larga y sesuda toma de conciencia votaron por el aumento de las jubilaciones.
Respecto del aumento de las jubilaciones, habría que contextualizar la discusión dentro de un marco histórico adecuado. El sistema jubilatorio estatal quebró durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien debió decretar –no mediante una ley sino a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 2196/86– la emergencia previsional y bajó las jubilaciones del 82% a cerca del 40%, en una violación al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Recién dos años después, el sistema pudo salir de su crisis financiera. Algunos años después, durante la presidencia de Carlos Menem, el ministro de Economía Domingo Cavallo construyó el negoción de las AFJP que –si bien estuvo a punto de quebrar y dejar sin jubilaciones a millones de argentinos en 2008– significó una ganancia para los dueños de más de 2200 millones de dólares. El delarruísmo tuvo como política única previsional volver a violar la Constitución Nacional, al recortar el 13% a los jubilados estatales, en una clara política de recesión y achicamiento del gasto que estalló en diciembre de 2001.
(Digresión 2: es interesante como la “seguridad jurídica” y el “respeto a las instituciones” sólo son sustantivas para los juristas y los medios de comunicación cuando perjudican a alguna corporación y nunca cuando perjudica a los trabajadores o a los sectores postergados de la sociedad.)
Desde que asumió el kirchnerismo, las jubilaciones aumentaron en estos siete años de 150 pesos a 1100 –la mínima– para un sector pasivo que no deja de crecer en números reales por el aumento de la calidad y de las expectativas de vida. Algunos podrían argumentar que ese aumento se lo devoró la inflación, sin embargo, cualquiera se da cuenta que hubo un incremento sustancial en los haberes no sólo en términos nominales sino también reales. En pesos, el aumento significó un 800%, pero en dólares alcanzó el 100% de aumento. Pero, además, en 1999 había 3,5 millones de jubilados, en 2010 con la agregación de jubilados que no habían podido pagar –entre ellas las amas de casa– hay 5,6 millones, para una caja que como se sabe, recibió el aporte de las AFJP quebradas –pero con empresarios ricos, claro–. Si uno analiza con perspectiva histórica, esta es la política más “progresista” desde el los gobiernos de Juan Domingo Perón. Sin embargo, el ministro de Economía Amado Boudou dijo que el fondo de jubilaciones no alcanza para aumentar los haberes hasta el 82% móvil ya que eso significaría un desembolso extra por parte del Estado de casi 41 mil millones de pesos. ¿Por qué la oposición estaría interesada en desfinanciar al gobierno a través de una jugada política si no es para quitarle recursos económicos en vistas al 2011?
Lo que no dice la oposición es de dónde van a salir los recursos para pagar las jubilaciones. Una de las peores formas de corrupción que ha tenido el sistema capitalista argentino es la evasión impositiva en el mundo privado. Casi el 40% de los trabajadores está en negro y no aporta al sistema por lo que el fondos ve reducidos sus ingresos en un porcentaje similar. Si a eso se le suma la paulatina disminución del porcentaje de aportes patronales a las cajas desde la década del noventa, se entiende el deterioro de las cuentas de seguridad social. ¿Puede el Estado aumentar esos aportes sin perjudicar al pequeño y mediano empresariado que todavía no terminó de fortalecerse con el actual modelo? Es discutible. Lo cierto es que generar déficit en los fondos de la ANSES y en el Estado significa poner en peligro las jubilaciones de las próximas generaciones. Es decir, es asomar al sistema previsional a una crisis o emergencia en el corto plazo. O sea, es ponerla a tiro de una nueva privatización de esos fondos. ¿Es ese el plan? ¿Generar un nuevo negocio de 2200 millones de dólares con sus respectivas comisiones? La pregunta obvia es: ¿Quién tiene más legitimidad para administrar los fondos de jubilados, quienes aumentaron 800% los haberes o quienes privatizaron y desfinanciaron al Estado y redujeron las jubilaciones un 13%?
(Digresión 3: En el libro La Contrademocracia, de Pierre Rosanvallon, recientemente editado en castellano por Manantial, el intelectual francés explica de qué manera las sociedades democráticas se han convertido en sistemas en los cuales los gobernados se relacionan con sus gobernantes a través de la desconfianza. Para Rossanvallon, ya no se trata sólo de obtener legitimidad en las urnas, también se debe obtener confianza en el seno de la sociedad civil. Y se logra a través de la dimensión moral y sustancial, pero también tiene un papel temporal: la confianza es una hipótesis sobre una conducta futura. Las sociedades, según Rosanvallon agradecen la previsibilidad de los actores y la retribuyen con una legitimidad ampliada. Interesante concepto. Si se quiere actuar, claro, a mediano plazo en política.)
¿Y usted, lector, en quién confía?

Publicada en Tiempo Argentino - 22 de agosto de 2010.