Burguesía pobre, empresarios ricos

Una frase fetiche se les ha pegado en los últimos tiempos a los políticos oficialistas. Reunión a la que uno vaya, ellos expresarán con una certeza inexpugnable: “No queremos un Estado ausente”, como si hubieran encontrado una verdad alumbradora, a quien quiera escucharlos. Uno comprende la alegría que produce hallar una frase que permita resignificar el rol del aparato estatal en una nueva etapa, pero habría que tener cuidado qué lectura histórica se hace de los procesos políticos, económicos y sociales del pasado. Posiblemente, la idea de un “Estado ausente” provenga de una concepción noventista de la economía, pero que, con honestidad intelectual, y viendo los resultados de lo que se llamó el neoliberalismo, hace una fuerte crítica a esa supuesta falta de presencia del Estado. No es un detalle menor o un galimatías. Quien cree que el Estado estuvo ausente en los años noventa no alcanza a desprenderse todavía de algunos principios económicos que horadaron a este país en los ’90.
Juan Domingo Perón –perdonen el exceso de ortodoxia discursiva– solía decir que “la economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este”. Tenía razón, claro. Pero hay algunas cosas interesantes en esa proposición y es que, justamente, habla del rol del aparato estatal. Primero, que no hay libertad ni ausencias. Segundo, que el rol del Estado es estar a favor de las mayorías o del pueblo y no de las corporaciones: este concepto fue escrito hace más de 40 años. Y tercero, que si el Estado no cumple con su rol no se ausenta, sino que es usado por los grandes consorcios para su propio beneficio y en contra, justamente, del aparato estatal.
Eso fue justamente lo que ocurrió en los años noventa y durante la dictadura militar. No se trató de un Estado ausente, sino de un Estado al servicio de los grupos económicos más poderosos del país y en contra de su propia existencia. En 25 años vio multiplicada su deuda externa de 7 mil millones de dólares a 180 mil millones, pero además se produjo la transferencia de ingresos más feroz de la historia (de una distribución del 53% a favor del trabajo se pasó al 77% a favor del capital) y, como demuestra Mario Rapoport en su monumental Historia económica, política y social de la Argentina se ha producido una brutal concentración y oligopolización del sistema económico (es decir, al interior de cada rubro de producción industrial, agrícolo ganadero y financiero, han sido beneficiados los grandes grupos en contra de los pequeños y medianos empresarios y productores).
Y el Estado fue partícipe de ese proceso. No estuvo ausente. Porque el Estado, si bien no es un aparato desideologizado, está allí para ser llenado de decisiones y políticas públicas. Parafraseando a Perón, se podría decir que “un Estado nunca está ausente: o lo controla el Pueblo en su beneficio a través de los políticos que elige o lo hacen los grandes consorcios en su perjuicio del pueblo y del Estado y en provecho de sí mismos”.
Ahora bien, ¿cómo se llena un Estado de poder real? Mediante una confluencia de sectores políticos, económicos y sociales o por la fuerza. Si no, sólo se administra con mayor o menor eficacia. Como la política no se hace desde París, sino tomando decisiones que beneficien o perjudiquen a unos o a otros, es que se necesita una alianza de sectores. El peronismo fue tradicionalmente eso: un puente entre los sectores populares con una identidad relativamente fuerte y sectores dirigentes industriales que, en mayor o menor medida y por un lapso breve o prolongado, apoyaron la experiencia justicialista. El problema es que a lo largo de la historia sólo el sector del trabajo ha permanecido fiel a su compromiso peronista. Contradiciendo a sus propios intereses, los industriales han defeccionado una y otra vez a su rol histórico de construir un mercado interno, basado en el desarrollo industrial y que permitiera explorar el terreno de una exportación de productos manufacturados. Han defeccionado en su rol de conductores o sector dirigente para convertirse en patrones de estancias. Utilizaron el Estado sólo para sus negocios personales. Como el Grupo Techint o Loma Negra, por ejemplo, que luego de haber sido subsidiados históricamente por todos los argentinos a través de las políticas de promoción industrial y beneficiados por negociados con el Estado, vendieron sus empresas a capitales extranjeros como si se trataran de reliquias exclusivamente familiares y no estuviera en juego el esfuerzo de todos los argentinos. Porque cuando un ciudadano común paga el 21% de IVA, ese dinero no sólo va para la asistencia social, también va a subsidios y promociones industriales. O como Cristiano Rattazzi, el presidente de Fiat Auto Argentina, que después de asistir a un crecimiento anual de su sector en un promedio de nueve puntos, se despacha contra el modelo económico y realiza críticas públicas para esmerilar el consenso político del gobierno en su enfrentamiento con un grupo oligopólico como Clarín.
Desgraciadamente, los argentinos debemos sufrir una burguesía con síndrome maníaco depresivo y con tendencias automutilantes y suicidas. De otra manera no se entiende por qué apoyaron a la dictadura militar y al proceso neoliberal 1989-2002, y no se escucharon a los Rattazzi criticar la política de desindutrialización de los años noventa. Tampoco se escuchó a la Unión Industrial Argentina o a la Asociación de Empresarios Argentinos patalear cuando devastaban el mercado interno con la convertibilidad y el liberalismo comercial.
(Digresión: ¿El caso Papel Prensa puede alumbra y ayudar a comprender la desaparición de la Confederación General Económica de José Ber Gelbard? ¿Es necesaria hoy para el país una nueva CGE que limite el poder de los industriales suicidas?)
La burguesía argentina siempre ha tenido problemas de identidad no resuelta. Ya lo explicó Jorge Abelardo Ramos en su libro Revolución y contrarrevolución en la Argentina cuando le dio al Ejército argentino, conducido por Julio Argentino Roca, el rol de suplantar a la burguesía nacional que no quería asumir su rol histórico. De hecho, la línea de Enrique Mosconi y Manuel Savio, que confluye en el GOU y en el primer peronismo, son herencias, para Ramos, de esa Generación del ’80. Ahí tampoco, claro, el Estado estuvo ausente. Alguien podría pensar que, en definitiva, el problema de la burguesía argentina ha sido que nunca ha tenido el peso económico que sí tuvo el campo, por ejemplo, a lo largo de la historia. Pero sería una falsedad afirmar eso. El problema está en un desfasaje que ya había marcado Arturo Jauretche en su libro El medio pelo... como “tilinguería”: pensarse así mismo como lo que uno no es. En la Argentina, los sindicalistas piensan como empresarios, los industriales como terratenientes y los oligarcas como industriales de los países centrales. Lo que sí es cierto es que siempre han sabido defender sus intereses particulares. Ahora, por ejemplo, saldrán a fustigar el más que interesante proyecto de Héctor Recalde de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias. Y es allí donde demuestran su “patronismo” de estancia. Sólo van por la ganancia. Renunciaron a su rol histórico. A esa renuncia, le debemos los argentinos un país con una pobre burguesía, pero, obviamente, con ricos empresarios que se beneficiaron con un Estado nunca ausente.